El
Consejo rechazó una apelación de la empresa Total y confirmó la norma que
excluye el aceite de palma del esquema nacional de biocombustibles. El Consejo
dijo en un comunicado que la ley estaba en línea con el interés público de la
protección del medio ambiente, "considerando el fuerte crecimiento de la
producción de aceite de palma, la cantidad de tierra utilizada para su
producción en todo el mundo, dada la deforestación y los efectos sobre las
emisiones de gases de efecto invernadero”. (Décision n° 2019-808 QPC du 11 octobre 2019). La ley -declarada
constitucional- especifica que el aceite de palma no puede considerarse un
biocombustible a menos que los productores puedan garantizar que se haya
producido en condiciones que impidan un aumento indirecto de los gases de
efecto invernadero.
Un
estudio de la Unión Europea (Study on
the environmental impact of
palm oil consumption and on existingsustainability standards) señala que existe evidencia clara de que la
expansión del cultivo de la palma aceitera ha resultado en deforestación,
pérdida de biodiversidad y emisiones netas de gases de efecto invernadero. La
palma aceitera en algunos casos se ha expandido a tierras tradicionalmente
utilizadas por comunidades indígenas y locales. También se sabe que
frecuentemente se producen abusos laborales, contra niños y niñas. Los
beneficios económicos que obtienen quienes trabajan y comercializan el aceite de palma, deben compararse con los posibles
conflictos y la pérdida de los beneficios del ecosistema.
Este es uno
de esos casos que ameritan el análisis y la implementación de políticas
publicas que enfrenten esa realidad.
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